Colombia: la desolación del No

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Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, miembro de DEMOSPAZ y profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

Desde el Gobierno se dijo antes de la consulta que no habría plan B. Pero, afortunadamente, el presidente Santos ha anunciado que no tira la toalla, que se mantiene el cese al fuego y que se reunirá con los partidarios del No para buscar otra salida. Curioso el escenario que quedará: el Gobierno –con gran apoyo internacional- y las FARC, por un lado, y los que se han opuesto a los Acuerdos, por otro.

Colombia partida por la mitad

Los detractores quieren renegociar algunos aspectos que han utilizado como caballo de batalla en su campaña por el No: la aplicación de penas inferiores a las ordinarias, la elusión de la cárcel para los que colaboren con la consecución de la paz y la garantía de 10 escaños, aunque no se consigan en las urnas, para los que se constituyan como opción política en las elecciones de 2018 y 2022. Uribe y otros  han agitado estos temas y han silenciando todo lo positivo, confundiendo conscientemente lo que no se puede confundir: una cosa es la justicia ordinaria que se aplica estando vigente el conflicto, o sea, penas muy graves que buscan la justicia absoluta y retributiva, pero que no resuelven la guerra y, otra cosa muy distinta es la Justicia transicional: se trata del conjunto de medidas que permiten a sociedades rotas por la guerra, la desintegración nacional o la dictadura, transitar hacia la paz, la reconciliación o la democracia. ,Las menores penas o la amnistía son el precio que ha de pagarse para lograr la paz, aflorar la verdad, conseguir la reparación y garantizar la no repetición. Si se hubiese pretendido aplicar la justicia ordinaria, nada de esto se habría pactado. No me cabe duda: hay que pagar ese precio y, a la vez, satisfacer a las víctimas, reconociéndolas, reparando su sufrimiento y honrrándolas, porque las víctimas tienen derecho  a todo, pero no a arriesgar la paz.

Mucho más que el desarme

El pacto con las FARC contiene una completísima hoja de ruta. No se trata solo del desarme; es muchísimo más. Las FARC han pedido perdón por el sufrimiento causado, lo que es imprescindible si se quiere una reconciliación. Los Acuerdos contemplan múltiples aspectos, como la creación de un Fondo de Tierras que permita su distribución y que se nutriría de incautaciones judiciales a delincuentes, donaciones y expropiaciones por razones sociales y el acompañamiento a los campesinos con vivienda, formación y ayudas para la comercialización. Por otro lado, Gobierno y FARC acordaron llevar a cabo la limpieza de los territorios que siguen soportando minas antipersonas.  Especialmente relevante es el conjunto de medidas para la protección de la protesta y la movilización social y para apoyar a  los líderes opositores y a los que integrarían los nuevos partidos políticos nacidos del desarme y en tránsito a la vida política. Se contempla un cronograma de entrega de armas a Naciones Unidas, la verificación del cese al fuego y de la dejación de armas y el  establecimiento de zonas transitorias de normalización. Se busca el fortalecimiento de la Justicia, la lucha contra el crimen y el esclarecimiento del fenómeno paramilitar con garantías de no repetirlo.

Nueva política de drogas

Muy llamativo es el plan para hacer frente a los cultivos ilícitos de coca: se prima la sustitución voluntaria por cultivos sostenibles, la presencia institucional en zonas conflictivas y el desarrollo humano integral, actuándose especialmente en las bolsas de pobreza y fomentándose la protección de los derechos humanos. El nuevo enfoque de la política de drogas ya fue anunciado por el presidente Santos en Naciones Unidas en abril de 2016; fue un discurso potente en el que indicó que Colombia era dueña de su destino y responsable de tomar sus propias decisiones –y así se está haciendo-, separándose del multilateralismo inútil, absurdo y contraproducente que durante medio siglo han impuesto Estados Unidos y Naciones  Unidas.

Dentro de capítulo Verdad, Justicia, reparación y no repetición, se establece una Comisión de la Verdad independiente, se crean una Unidad de Búsqueda de los desaparecidos y  procedimientos de reparación y no repetición. Por otro lado, se implanta un mecanismo de Justicia transicional, a través de una Jurisdicción Especial para la Paz y aquí es donde ha surgido el rechazo; pero el menor rigor en la aplicación de las penas es un presupuesto imprescindible para acordar todo lo demás y no puede separarse del resto porque, como dicen algunos, “Nada está acordado, hasta que todo esté acordado”.  Tras el referéndum, todo esto queda en suspenso. A pesar de ello, el líder de las FARC ha declarado, tras conocer el resultado de las urnas, que seguirán transitando hacía la paz.

Si el contenido de los Acuerdos de Paz de Colombia les parece insatisfactorio, compárenlo con lo ocurrido en España:  80 años han pasado desde el inicio de la Guerra Civil y 40 desde que acabó la victoria –que no paz- que le siguió, y no ha habido comisión de la verdad que busque construir la memoria histórica; la reparación ha sido parcial e insuficiente; no se ha juzgado a ningún responsable, ni por la  vía ordinaria, ni por la vía  transicional; no se ha honrado a las víctimas; nadie ha pedido perdón y seguimos siendo el país, después de Camboya, con más desaparecidos del mundo, al menos 114.000 cuerpos sin nombre y sin digna sepultura.

¿Es esto mejor?

Artículo publicado en diario digital bez.