La violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos

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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre

La violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos. Así lo reconoce Naciones Unidas, a partir del Comité de la CEDAW1 en su Recomendación General No. 19 aprobada en 1992, en la que se declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, dirigida contra la mujer por su condición de mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de los derechos y las libertades en plano de igualdad con los hombres. Y así fue reconocido en 1993, en la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la que se planteó la obligación de los Estados de adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres, la cual vulnera sus derechos y libertades fundamentales.

Las mujeres en todos los países, independientemente de su posición, clase social, edad, casta o religión, experimentan la violencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida, ya sea en el hogar, en las escuelas, en el trabajo, en las instituciones de gobierno, o en tiempos de conflicto o crisis. La violencia también está presente a lo largo de la vida de una mujer, afectando a niñas y también a mujeres mayores. Las cifras son incontestables.

En España desde 2003, 1.027 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex-parejas y estas cifras sólo muestran la violencia más extrema, que va acompañada de otras violencias cotidianas. Las mujeres no están expuestas a la violencia de manera accidental, sino que esa violencia es el resultado de una discriminación estructural, que el Estado tiene la obligación de abordar. De modo que prevenir y afrontar la violencia contra las mujeres no es un acto discrecional que se puede adoptar o no en función del momento; se trata de una obligación jurídica y moral, que exige medidas y reformas de índole legislativa, administrativa e institucional.

El gobierno español, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional que ha suscrito, tiene el compromiso de trabajar para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es irresponsable invisibilizar o minimizar las violencias contra las mujeres, por las graves consecuencias que ello tiene para sus vidas y las de sus hijos e hijas, que también son víctimas directas de la violencia contra las mujeres.

Por esta razón consideramos muy grave que algunos ayuntamientos o instituciones españolas se hayan negado a hacer una declaración institucional el 25 de noviembre, día adoptado por las Naciones Unidas para conmemorar la urgencia de poner fin a la violencia contras las mujeres.

Una sociedad democrática tiene la obligación de garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias.

 

Firmado. Instituto DEMOSPAZ-UAM

 

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