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Colombia: la desolación del No

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, miembro de DEMOSPAZ y profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

Desde el Gobierno se dijo antes de la consulta que no habría plan B. Pero, afortunadamente, el presidente Santos ha anunciado que no tira la toalla, que se mantiene el cese al fuego y que se reunirá con los partidarios del No para buscar otra salida. Curioso el escenario que quedará: el Gobierno –con gran apoyo internacional- y las FARC, por un lado, y los que se han opuesto a los Acuerdos, por otro.

Colombia partida por la mitad

Los detractores quieren renegociar algunos aspectos que han utilizado como caballo de batalla en su campaña por el No: la aplicación de penas inferiores a las ordinarias, la elusión de la cárcel para los que colaboren con la consecución de la paz y la garantía de 10 escaños, aunque no se consigan en las urnas, para los que se constituyan como opción política en las elecciones de 2018 y 2022. Uribe y otros  han agitado estos temas y han silenciando todo lo positivo, confundiendo conscientemente lo que no se puede confundir: una cosa es la justicia ordinaria que se aplica estando vigente el conflicto, o sea, penas muy graves que buscan la justicia absoluta y retributiva, pero que no resuelven la guerra y, otra cosa muy distinta es la Justicia transicional: se trata del conjunto de medidas que permiten a sociedades rotas por la guerra, la desintegración nacional o la dictadura, transitar hacia la paz, la reconciliación o la democracia. ,Las menores penas o la amnistía son el precio que ha de pagarse para lograr la paz, aflorar la verdad, conseguir la reparación y garantizar la no repetición. Si se hubiese pretendido aplicar la justicia ordinaria, nada de esto se habría pactado. No me cabe duda: hay que pagar ese precio y, a la vez, satisfacer a las víctimas, reconociéndolas, reparando su sufrimiento y honrrándolas, porque las víctimas tienen derecho  a todo, pero no a arriesgar la paz.

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